Nadie podría haber imaginado que en nuestro mercado eléctrico, los inversionistas en generación (producción) que destinan cientos de millones de dólares en la construcción de centrales, se dediquen a la comercialización de energía producida por terceros, en cantidades significativas que van desde el 30% al 800% de su potencial de producción.  

Esta situación atípica se viene dando desde el último trimestre del 2016 hasta la fecha, como consecuencia de la existencia de un excedente de oferta principalmente hidroeléctrica y de una declaración mendaz del costo del gas natural (GN), por parte de las principales termoeléctricas a GN a ciclo combinado. La mendacidad ha sido demostrada por informe del Comité de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Estos hechos ocurren en el mercado de transacciones de corto plazo, denominado mercado spot (MS).

Es importante señalar cifras consignadas en estadísticas oficiales del Comité de Operación Económica del Sistema (COES). Así por ejemplo hasta octubre de este año, Atria Energía SA, retiró del mercado spot 806% más de lo que aportó como productor. En el año 2019; Enel Generación hizo retiros superiores en 36% a lo aportado; Engie, en 33% y Kallpa en 30%. Es la desnaturalización de la actividad de un productor, comercializar producción de terceros en largos períodos de tiempo. Hechura de un mercado distorsionado por partida doble

La señal de precios medios para los inversionistas en generación, para los contratos de largo plazo es de 79.84 dólares por megavatiohora (US$/MWH), mientras que los comercializadores de ocasión, venden a 45.70 US$/MWH (potencia + energía) a los usuarios que pueden optar por contratar a libre negociación, que son todos aquellos que consumen más de 200 KW (100 veces lo de un domicilio medio). Esto es posible solo en un mercado donde los precios no corresponden a una formación consistente.

Lo que no se dice es que el encanto del precio barato para los usuarios libres, se terminará cuando la oferta de bajo costo sea insuficiente, y eso ocurrirá a fines del 2022, bajo los supuestos de crecimiento económico que pronostica el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso significará que el precio a nivel de productor se incrementará inexorablemente de 45.70 a 79.84 US$/MWH. En esas condiciones quiero ver el rol de los que hoy ofician de comercializadores. Espero que no se exacerben los ánimos de la propagandizada “generación del bicentenario”. El riesgo será para “montescos y capuletos”.

La comercialización del suministro de electricidad siempre ha existido como concepto, aunque no ha sido difundido convenientemente. La idea general es que las transacciones de compra-venta se hace a través de los propietarios de infraestructura, ya sea directamente por los generadores o los distribuidores que tienen redes tendidas en los centros de consumo y compran a aquellos para luego vender a sus clientes.

No es conocido masivamente que puede haber agentes del mercado que, sin tener infraestructura, pueden comprar energía a los productores y vender a usuarios libres. Las empresas dedicadas a esta actividad se denominan comercializadores, y suelen ser muy útiles para conseguir precios competitivos a usuarios libres de bajo consumo como los citados, todo funcionando en un mercado sin distorsiones.

Lamentablemente a pesar que nuestra legislación pensada en que la electricidad es un bien transable, tiene 28 años de existencia, y desde el primer artículo de la legislación primigenia (DL 25844) se menciona a la comercialización como actividad, no se ha normado; lo que es necesario para evitar malas experiencias ya habidas en otras latitudes, relacionadas con el default de algunas empresas.

Hoy tenemos comercializadores oficiosos, unos que ganan y muy bien, como las empresas ya citadas y otras que pierden como la estatal Electroperu, que en el período 2017-2019, ha vendido la energía a un precio medio de 9.74 US$/MWH y comprado a 52.78 US$/MWH, registrando una pérdida de 479.6 millones de soles.

El recientemente nombrado titular de Energía y Minas, Jaime Gálvez tiene el deber que las aguas vuelvan a sus cauces y las empresas se dediquen a sus fines, debiendo aprovechar para que se reglamente la operación de los comercializadores, agentes que son necesarios en un mercado con enormes disparidades: productores de gran capacidad y usuarios de libre negociación con demandas minúsculas.