Las últimas declaraciones del presidente de Petroperu, Carlos Paredes, sobre el acuerdo que ha llegado con las contratistas Técnicas Reunidas y Cobra, ha revivido en la opinión pública el debate sobre el faraónico Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT), donde la discusión lleva más de 5 años, con comisión investigadora en el Congreso incluida, presidida por el ex congresista y presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, que ni siquiera llegó a poner en debate su informe final, a pesar de haber información más que suficiente para que el Ministerio Público llevase a investigación a más de un funcionario y directivo. 

Estando tan trillado el tema sin que nada ocurra, pues la Contraloría ha tenido una actuación en un margen que va desde laxa a complaciente, corresponde que se tome alguna iniciativa desde la sociedad civil, de efectuar denuncia ante la Fiscalía para que se tomen las cosas en serio, en un momento que se pide desde el directorio de la empresa que el Estado haga un canje de deuda del orden de 1,500 millones de dólares (MMUS$), por bonos emitidos en el mercado internacional en el año 2017.

Una investigación rigurosa la dividiría en seis áreas: 1)liberalidades en la interpretación del contrato, 2)decisiones tomadas asumiendo deudas con supuestos irreales, 3) decisiones tardías que han originado pago de penalidades por retrasos de obras en el área de refinación,4) firma del contrato con el consorcio a cargo de los servicios auxiliares a pesar de haber señalamientos de corrupción en África de uno de los socios, justificado con informes legales endebles 5) retraso en la contratación y ejecución de los servicios auxiliares, que también han producido sobrecostos y 6) responsabilidad de las empresas consultoras, y supervisoras que han justificado decisiones que han devenido en un monto total que fácilmente llegará a los 6,000 MMUS$, aunque cada día se haga desde la empresa ensayos equilibristas con las cifras.

Las comisiones investigadoras en el Congreso y los informes timoratos de la Contraloría, son completamente ineficaces para identificar a los responsables, hay información suficiente para hacerlo, la hora de tocar la puerta a la Fiscalía ha llegado, más aún cuando allí predican moralización.