Las próximas semanas el debate público estará centralizado en el proyecto de ley que presente Martin Vizcarra al Congreso de la República, para huir de su responsabilidad de gobernar en democracia. Sin embargo, hay que estar atentos a temas que luego del colofón del discurso de fiestas patrias, han pasado a segundo plano y que pueden ser mal utilizados para el proselitismo que oriente el voto ciudadano en las decisiones que se tengan que tomar, ya sea en referéndum o en elecciones generales. 

Tres temas preocupan: los acuerdos de gobierno a gobierno, la gestión en el sector salud y la distribución del gas natural en la región Piura.

Se mencionó que se desarrollarán tres obras por gestión directa entre gobiernos: el aeropuerto de Chinchero, el Hospital Lorena en Cusco y la distribución de gas natural en la región Puno. Esta modalidad de ejecutar obras tiene la ventaja de acortar tiempos de procesos de competencia, pero que hay que hacer mención, que los gobiernos no son contratistas de obras y recurren a empresas de construcción para realizar los trabajos, quienes que son las que fijan precios de la ejecución, no descartándose sobrevaluaciones. El caso de las edificaciones de los Panamericanos, que han culminado exitosamente en plazos, falta aún hacer un balance de las inversiones; no puede extrapolarse alegremente; argumentos sobran.

También se mencionó que se universalizará el Sistema Integral de Salud (SIS) y la atención intercambiable en hospitales del Ministerio de Salud y Essalud. Ambas afirmaciones son demagógicas. La primera porque el tesoro público no tiene fondos suficientes para hacerlo y la segunda porque habría una afluencia masiva adicional sobre Essalud, que ya tiene congestión, con atenciones dilatadas en el tiempo.

Finalmente, el caso de la distribución del gas natural en la región Piura, todo indica que desde el Ejecutivo se tomarán decisiones que competen al Poder Judicial, pues a la fecha hay un proceso en el Juzgado Civil de Talara, que hasta que no se resuelva no se podrán tomar iniciativas, como el anunciado otorgamiento de la concesión a un tercero.

Queda clarísimo que hay intencionalidad para que la demagogia sea la que prime ante la racionalidad y la ley, corresponde impedirlo.