Extrañamente existe muy poco interés estatal en defender sus precios de referencia de los combustibles, responsabilidad de la dupla Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Osinergmin, que vienen siendo fustigados hace más de cinco años desde Petroperu, secundado en perfil bajo por Refinería La Pampilla SA (Relapasa). La importancia de las cifras que se consignan semanalmente es mayúscula, pues nos dan un indicador del justiprecio al consumidor de un mercado que bordea los 6,100 millones de dólares anuales, sin considerar impuestos.  

En octubre pasado el tema tomó notoriedad por el anuncio por parte del Banco Central de Reserva (BCR), que los combustibles en nuestro país eran vendidos con sobreprecio. Inmediatamente vino la réplica desde la petrolera estatal, con una promesa de dictarles lecciones de valoración de hidrocarburos a los funcionarios del ente emisor. La incomodidad nacida en las oficinas de Canaval y Moreyra, se acrecentó cuando se afirmó que eran los altos precios de los carburantes los que permitirían pagar la faraónica obra del Proyecto de Modernización de Refinería Talara.

Mientras esto ocurría y reclamábamos que tanto el MEM y el Osinergmin replicaran, cosa que no ha ocurrido; la Sociedad de Minería Petróleo y Energía, tomó la iniciativa y la semana pasada empezó a publicar la versión de parte de los precios de referencia. Como se esperaba, los valores son mayores que los que publica el regulador, de esta manera se está buscando legitimar que el precio de los combustibles es el que fija Petroperu, seguido por Relapasa; que en promedio para este año es superior en 6% para el gasohol de 90 octanos que es el más vendido entre los gasoholes y 5% para el diesel que es el energético más consumido.

Preocupa la falta de reacción estatal, si hacemos un símil, es como si mañana la Asociación de Bancos saliese a publicar la tasa de interés de referencia difiriendo con el BCR y éste se mantuviese imperturbable, cosa que no me la imagino de los funcionarios del ente rector de la política monetaria.

Desde el Congreso, las Comisiones de Economía y Finanzas, Energía y Minas y de Defensa al Consumidor, así como la Defensoría del Pueblo; deben exigirse una explicación gubernamental inmediata.