El Ministro de Industrias, Pedro Olaechea, ha decidido intervenir públicamente en el debate sobre el proyecto tarifario por el uso de aguas subterráneas, planteado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). Se ha sumado al discurso esgrimido por las gremiales empresariales, una de las cuales otrora presidió, la Sociedad Nacional de Industrias.  

El Ministro, argumenta que “el incremento tarifario en este momento para una industria recesada no me parece que sea el mejor momento, yo creo que lo que tenemos que ver es los proyectos que se necesitan de agua, cuál es el costeo del agua, como se consigue la inversión y cuál es el costo del agua”

Más allá del fraseo redundante, carente de información y voluntarista para que la inversión no la pague el consumidor industrial, empieza con una inoportuna apreciación: “no es el momento”. Aquí no se trata solo del momento en que los industriales tengan caja, sino del momento del interés común. El estudio tarifario de SUNASS señala que estamos tan solo al 5.7% del límite de uso de aguas subterráneas, con los que se producirá el descenso de la napa freática. En buen romance significa que no habrá reposición del acuífero y que el recurso se encontrará a mayor profundidad, con la consiguiente salinización.

Para evitar que lo señalado ocurra, hay un plan de inversiones en proyectos para la mayor disponibilidad de aguas superficiales y de monitorear el uso racional de aguas subterráneas. El costo de las inversiones y la demanda del agua, son las que signan la tarifa. El financiamiento es a cargo del usuario, salvo que se esté pensando en un despropósito de cargarlo a la caja fiscal o de la barbaridad de obras por impuestos, ya propuesto para las remediaciones por la Ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín. Lo importante es la discusión técnica de la valorización elaborada por SUNASS, hay varios puntos que ameritan intercambio serio de opiniones.

Un tema final es la intervención pública de un Ministro a favor de un grupo de interés en un proceso regulatorio, cuyo gestor debe tener independencia, institucionalidad le dicen, según recomendaciones de la OCDE, organismo que se ha convertido en la tierra prometida para el gobierno PPkausista.