En épocas donde el discurso de los presidentes de Petroperú está signado por cifras billonarias que se vienen invirtiendo en el Proyecto de Modernización de Refinería Talara; el año pasado se hablaba de 4,600 millones de dólares (MMUS$) y éste de 5,400 MMUS$; resulta extrañísimo por decir lo menos, que se tomen decisiones de contratación favoreciendo al que queda segundo en un proceso de competencia, aduciendo que la empresa no dispone de 2.3 MMUS$, que es lo que ha ocurrido con el Terminal de Combustibles a construirse en la ciudad de Ilo.  

LA IMPERIOSA NECESIDAD DE CONSTRUIR UN NUEVO TERMINAL EN ILO

En la zona sur del país el abastecimiento de combustibles tanto en la costa como en la sierra se realiza desde dos terminales de almacenamiento ubicados en Mollendo e Ilo. Este último permite el abastecimiento de las regiones Moquegua y Tacna, además de poder hacerlo con la región Puno, llegando a la ciudad de Juliaca utilizando la satanizada Interoceánica Sur.

Hoy el terminal de combustibles de Ilo, de propiedad de Petroperú y gestionado por el llamado Consorcio Terminales, que es una sociedad entre Graña y Montero con la alemana Oiltanking; constituye un serio riesgo para la ciudad por su ubicación, en pleno casco urbano, entre las Avenidas La Cultura y Mariano Lino Urquieta, nada menos que a espaldas a la Municipalidad.

La iniciativa de construir un nuevo terminal a 24 Km del centro de la ciudad, hacia el sur y colindante con la planta de generación eléctrica de propiedad de la empresa de capitales estatales franceses, Engie Energía Perú SA; es una buena decisión. No solo está ubicada en una zona alejada de la ciudad, sino porque estará al lado de lo que puede constituirse en su principal cliente, que cuenta con unidades de generación duales, gas-diesel, que pueden demandar un consumo diario que llegaría a 29 veces de lo que hoy consume la región Moquegua.

LA EXTRAÑA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO DE CONSTRUCCIÓN

La construcción del nuevo terminal ha sido materia de un proceso de competencia (CMA-0001-2016-OFP/ Petroperú), iniciado y culminado el año pasado, entre Enero y Agosto, en el cual quedaron como finalistas dos postores: Consorcio Acciona SA (Acciona) y Felguera IHI SA (FIHI), que según las bases del concurso, disputaban el contrato de ingeniería, suministro y construcción. La variable de competencia era un puntaje, resultado de un promedio ponderado de sus propuestas técnicas y económicas, modalidad usual en este tipo de concursos.

El resultado final fue que Acciona se ubicó en el primer lugar desplazando a FIHI, por un escaso margen en la puntuación (97.8 versus 97.0). Previamente a la decisión se hizo una comparación de las ofertas con el monto que había estimado la empresa por la obra, que se denomina “Monto Estimado Referencial” (MER). En este caso Acciona tenía una propuesta que excedía en 7.36 MMS/. (2.34 MMUS$), el MER, esto significaba 4.48% por encima.

El Reglamento de Contrataciones de Petroperú (numeral 7.4), señala que si la mejor oferta supera en 10% el MER, no es el caso, pues se ha superado en 4.48%, se debe contar con el presupuesto suficiente para otorgar la buena pro. Pero el mismo documento indica que si el MER es reservado, que es lo que corresponde a este concurso, el límite del 10% señalado no es aplicable y de haber exceso, sea cual fuese, deberá consultarse la disponibilidad presupuestal.

Consulta realizada y respuesta insólita el proyecto no contaba con los 2.34 MMUS$ de disponibilidad de recursos. Mientras que en las alturas de la organización se habla de billones de US$, en las jerarquías de mucho menor rango se habla de carencias no de decenas, ni de centenas, ni de miles de MMUS$, sino de unidades. Una comunicación interna de esta naturaleza, que amerita que sea verificada, dio pie para que la empresa de mejor puntaje fuera desplazado por su seguidor a quien otorgaron la buena pro. Tremenda discrecionalidad que requiere que la Gerencia de Auditoría de la empresa haya elaborado un informe y reportado a la Contraloría General de la República (CGR).

PLAZO DE OBRA QUE NO SE CUMPLIRÁ

Desde la fecha en que ocurrieron los hechos, junio del año pasado, hasta ahora se ha dado por consentida la decisión del Comité que condujo el proceso, pues se firmó contrato con FIHI, con el compromiso de concluir la obra en 476 días calendarios (1 año cuatro meses aprox.). Han transcurrido 287 días desde la firma del contrato y la obra no da visos de avance. Es decir al 60% del tiempo de la culminación de la construcción prácticamente no se ha iniciado.

La monserga en este tipo de situaciones es conocida: “por causa de terceras entidades, no se aprueba oportunamente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y por ende la Licencia de Construcción no se puede obtener”. Las razones de esta argumentación pueden ser fundadas, pero el tema de fondo son las consecuencias obvias. El contratista solicitará adicionales a Petroperú. La pregunta es ¿habrán los fondos que se dijeron que no habían cuando se otorgó la buena pro? ¿Había una provisión para atender estas contingencias? ¿Cuál era el monto de las contingencias?

Este contrato también tiene otras aristas que ameritarán una entrega posterior, como el caso de la selección por parte de Petroperú del subcontratista de diseño de ingeniería, suministro, instalación y mantenimiento, de los equipos de medición, control y automatización del Terminal a construirse, donde según información de los aspirantes la transparencia de la selección ha dejado mucho que desear.

El interés público está por delante señor Contralor, Edgar Alarcón y la ciudadanía debe tener claro de la actuación con corrección de los funcionarios de las empresas de propiedad estatal.