Desde marzo pasado los actuales gestores de Petroperú han venido repitiendo en entrevistas sumamente concesivas por parte de los entrevistadores; que el llamado Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT) tiene a la fecha un valor estimado de inversión de 5,400 millones de dólares (MMUS$) y que sus necesidades crediticias ascienden a 4,250 MMUS$, que han sido estructuradas por una emisión de bonos de 3,000 MMUS$ y una garantía de crédito para la exportación de la estatal española Cesce por 1,250 MMUS$.  

El esquema financiero ya tiene aprobación de la Junta General de Accionistas de Petroperú desde marzo de este año y el domingo pasado se ha dado el primer paso del financiamiento, mediante la aprobación por Resolución Ministerial de Economía y Finanzas (RM-170-2017-EF/52) de una emisión de bonos por 2,000 MMUS$, que no contarán con garantía soberana.

A estas alturas lo importante es indagar sobre la argumentación usada por los directivos y funcionarios de la petrolera estatal, para la aprobación del Ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, antes severo crítico del PMRT y luego sentencioso en afirmaciones que conseguiría financiamiento al 2% anual, cuya realidad veremos muy pronto. Los requisitos para este tipo de operaciones según las reglas de la cartera de Economía y Finanzas (artículo 20. Directiva 001-2016-EF/ 52.01) exige dos puntos claves: demostración de la viabilidad y de la capacidad de pago del servicio de la deuda.

Los cálculos para demostrar positivamente los dos requisitos referidos se hacen con supuestos para un horizonte de 15 a 20 años, cuya consistencia deberíamos conocerla. Aquí el Contralor tiene un rol, pues según la Ley del Sistema Nacional de Control (numeral l del artículo 22 de la Ley 27785), la Contraloría General de la República (CGR) tiene que emitir informe. En el anterior endeudamiento que ascendió a 500 MMUS$, en mayo del 2014, la CGR en su informe Nº 00044-2014-CG/CPRE, hizo comentarios que dejaban en tela de juicio la viabilidad del proyecto, cuando en ese momento se hablaba de un monto de inversión 35% menor que el actual, por lo que tenemos el derecho de exigir que la Contraloría publique su informe respecto a esta emisión de 2,000 MMUS$.