Estamos ante las decisiones finales de la ejecución del controvertido Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT), bastante ya hay con la demora en la toma de decisiones de la actual gestión de Petroperú: 0.5% de incremento en la tasa de interés, servicios que iban a ser tercerizados por cerca de 815 millones de dólares (MMUS$) pasarán a ser financiados por la empresa y engrosar el contrato de la empresa a cargo, Técnicas Reunidas; entre otros que seguiré desarrollando.  

Hoy corresponde hacer un llamado de atención al procedimiento administrativo de la emisión de bonos por 3,000 MMUS$ aprobada en la Junta General de Accionistas de Petroperú (JGA) de fecha 03 de marzo del presente año. Esta decisión reemplaza a la tomada por la JGA anterior, que el 31 de marzo del 2016 aprobó una emisión por 1,000 MMUS$.

En este tipo de operaciones se contrata los servicios de bancos emisores, que realizan la colocación en diversas plazas. Estas entidades más allá que tienen que ser reconocidas como del más alto nivel en los mercados internacionales, deben ser seleccionadas en base a la comisión que cobran por su gestión, ésta es, un porcentaje del monto colocado. Hasta el momento todo lo actuado solo se conoce por información que circula en corrillos financieros.

Se comenta que luego de la aprobación de emisión de la administración anterior, se hizo un proceso de competencia para la selección de bancos emisores, habrían sido seleccionados: Citigroup, HSBC y Morgan Stanley; éste último se habría retirado y reemplazado por Goldman Sachs, que seguía en orden de prelación en el concurso

Ya desde el año pasado era un secreto a voces entre los agentes del mercado financiero, que había una predisposición de incluir como emisores a dos bancos adicionales: JP Morgan Chase y Bank Of América. Luego de la aprobación de la emisión por la JGA actual, donde el monto se ha triplicado; los rumores se han intensificado. La pregunta es ¿hará la actual dirección de la petrolera estatal un concurso o los seleccionará a dedo? La salvaguarda de los intereses del estado exige un proceso de competencia con toda la transparencia debida. Corresponde al presidente de la empresa informar a la opinión pública la forma como procederán.