El recientemente nombrado Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha sido materia de fustigación desde tres frentes: político, por haber sido señalado como cercano a los apristas y fujimoristas; moralista, por una cuenta pendiente de pago en una transacción inmobiliaria de un predio de propiedad judicializada y económico, por haber declarado al asumir funciones que trabajará como defensor del ciudadano ante los prestadores de servicios públicos.  

Habiendo pasada la turbulencia en los dos primeros temas, aún persiste la crítica por su interés en el tercero. El Defensor tiene un rol amparado legalmente para actuar en el ámbito de los servicios públicos, pero dada la indolencia del Indecopi en los excesos de las empresas que venden productos muy sensibles como los combustibles, también debe actuar en este rubro.

Es imprescindible que intervenga en el precio del gas licuado de petróleo (GLP), que según la Ley Orgánica de Hidrocarburos es de libre mercado y debe seguir como tal, pero donde hay indicios de concertación, infracción a la libre competencia.

El Indecopi del quinquenio “humalista” en las postrimerías de su gestión denunció que en el GLP había habido concertación, pero se refería solo al período 2006-2011, es decir retraso en la intervención de entre 4 y 9 años, inadmisible.

El tema de fondo está en dos aspectos: la concentración elevada en la adquisición del volumen disponible en el mercado en unas pocas empresas y el crecimiento concertado y desmesurado en la cadena comercial, entendida ésta como las actividades de: almacenamiento, transporte, envasado en balones, distribución a puntos de venta y expendio al consumidor.

En el año 2005 el precio de 10 Kg de GLP puestos en el Callao era de 17 soles y el precio al consumidor en Lima estaba en el rango de 28 a 34 soles. Esto significa que el costo en la cadena estaba entre 11 y 17 soles. El año pasado y buena parte del presente el precio de 10 Kg en el Callao no ha excedido los 9.0 soles mientras que el precio al consumidor está entre 34 y 40 soles. Es decir que el mencionado costo ha estado entre 25 y 31 soles. No hay razón para que se haya incrementado en cerca de 100% en 10 años, necesitamos que el Defensor con cifras en mano exija intervención del Indecopi.