Intenso trajín se está viviendo en los últimos días entre los agentes del mercado de suministro de gas natural (GN) de la región Piura, ante la pretensión de la empresa de capitales colombianos, Gases del Norte del Perú (Gasnorp), de hacerse de la concesión de distribución de la región. La solicitud ha sido gestionada bajo la modalidad denominada “solicitud de parte”, la que está permitida por la normativa.  

Hay un punto de discordia central, que es la utilización de la infraestructura de ductos de propiedad de la Empresa Eléctrica de Piura SA (Eepsa), filial de la estatal italiana Enel, cuyos activos se los compró al estado peruano en octubre del año 1996. El gasoducto mencionado conduce el GN tanto a la generadora eléctrica y a la Refinería Talara de propiedad de Petroperú, que en conjunto consumirán el 66% de la demanda de la zona, en una proyección a 8 años, que es el tiempo propuesto por Gasnorp para habilitar 64 mil suministros, que a dicha fecha representarán el 13% del universo de domicilios de la región.

Si se le otorga el derecho de propiedad de los ductos, decisión que está en manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la propuesta tarifaria expuesta por Osinergmin coincide en lo fundamental con la propuesta de Gasnorp: consumidores domiciliarios de bajo consumo, generador eléctrico y estaciones de gas natural vehicular. Sin embargo esto tendrá serias consecuencias para el estado peruano. Eepsa nos puede llevar al CIADI y ganar un arbitraje por transferir a un tercero privado un activo de su propiedad, más allá que tendrá que pagar por el uso de red y Petroperú tendrá que replantear su contrato de suministro que tiene con Eepsa, con el pago del concepto de distribución y comercialización que hoy no lo tiene, que de hecho será una costo adicional sobre no poco volumen, pues el proyecto de modernización de Refinería Talara implicará quintuplicar el consumo de GN según manifestación hecha por los funcionarios de la petrolera estatal al Minem.

Estamos en carrera acelerada a un conflicto que será complicado para el estado, el Minem deberá dar por concluida la petición y estructurar a través de Proinversión un proceso de competencia que devenga en mejores condiciones para los usuarios y el país.