El gobierno “humalista” de la era Cateriano, se esfuerza en mostrarse como defensor de hacer prevalecer el principio de autoridad del estado y a nombre de ello el pasado viernes ha decretado el estado de emergencia en la provincia de Islay, en la región de Arequipa; ante las protestas por el proyecto “Tía María” a cargo de la empresa Southern Perú Cooper Corporation, propiedad del Grupo México. Dice el Ejecutivo que no defiende los intereses de la empresa, pero sí el estado de derecho ante el exceso de “grupos antimineros”. Esperamos que tenga la misma actitud ante los excesos cometidos en la exportación del gas natural (GN), producidos en el lote 56, ubicado en la región Cusco; donde el pronunciamiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativos a Inversiones (CIADI), con sede en Washington; del pasado 21 de mayo, determinó que los demandantes, productores de GN del mencionado lote; deberán pagar al demandado Perupetro, que representa al estado peruano; la suma de 50 millones de dólares por regalías no canceladas de exportaciones cuyo destino final declarado fue Estados Unidos, pero que en realidad no era ese, sino que fueron reexportados al Asia, Europa y Brasil. Es decir hubo engaño al estado por parte del “trader” del gas natural licuado (LNG), la española Repsol Comercializadora de Gas SA, con sede en Madrid. 

Esta historia tiene larga data, corresponde a un proceso arbitral presentado ante el CIADI el 11 de septiembre del 2012, por las empresas que forman el consorcio productor del lote 56:

 Hunt Oil Company Perú LLC, sucursal Perú

 Pluspetrol Lote 56 SA

 Pluspetrol Perú Corporation SA

 Repsol Exploración Perú Sucursal Perú

 SK Innovation, Sucursal Perú

 Sonatrach Perú Corporation SA

 Tecpetrol Lote 56 SA

Las referidas pretendían que se declarase infundado el reclamo de la agencia estatal Perupetro SA, que exigía un pago por 45.47 millones de dólares, dado que un informe de la consultora Galway Group LP, demostraba fehacientemente con información de la estadounidense Federal Energy Regulatory Commission, que el LNG peruano exportado supuestamente a los Estados Unidos, entre agosto del año 2010 y mayo del 2011, en 10 embarques, había sido reexportado entre octubre y mayo de los mismos años. Esto significaba un pago de menores regalías para el estado peruano, pues cuando el destino del LNG era USA, el precio de referencia de liquidación era entre 4.00 y 2.00 dólares por millón de BTU (US $/MMBTU), mientras que en caso el destino era Brasil, España, Reino Unido, India, Japón y Corea, era entre 12.00 y 9.00 US $/MMBTU, es decir del orden entre el triple y cuádruplo.

Hoy que ya se sabe que la razón asistía al estado peruano, es importante determinar responsabilidades y exigir sanciones ejemplarizadoras. No es suficiente que el debate se circunscriba en los millones de dólares que deberá cancelarse por reintegro de regalías, sino por la actitud mendaz. El dinero, que no es desdeñable, en este caso no es lo más relevante, muchos querrán llevar la noticia por este lado, a envestir trapo como dicen en la tauromaquia. No señores aquí debe quedar claro para el mundo que al Perú se le respeta y que no se viene hacer negocios con autoridades ingenuas y complacientes.

Para entender por donde vino el engaño y quiénes son los que deberán asumir las responsabilidades, antes que nada hay que referir a la empresa encargada de comprar el LNG en la planta de Pampa Melchorita, ella fue en ese momento Repsol Comercializadora de Gas SA, subsidiaria de Repsol SA; que tenía a cargo la toma del producto en el muelle de embarque y declarar el destino. Éste es el eslabón inicial de la mendacidad, se supone que ellos mintieron a la empresa exportadora, Perú LNG, donde los propietarios eran: Repsol YPF SA, Hunt Oil Company, SK Energy Company Ltd y Marubeni Corporation. Las mencionadas a la vez comunicaron el hecho a los productores del lote 56, que ya han sido reseñados, siendo el encargado de la operación de campo, Pluspetrol Perú Corporation SA, la que debió hacer un seguimiento, pues ella era la encargada de reportar a Perupetro SA, que es la entidad que liquida y percibe las regalías, para luego distribuirlas entre gobiernos regionales, locales, instituciones, fondo y la caja fiscal.

Larga cadena de responsabilidades, donde lo que más llama la atención son dos hechos: que la multinacional Repsol participaba en toda la cadena del negocio (producción, licuación, exportación y colocación en los mercados de destino) y que la operadora Pluspetrol, haya actuado tan desprolijamente por decir lo menos. El reintegro por regalías no canceladas corresponderá al consorcio productor del lote 56, el cual deberá replicar en Perú LNG y éste sobre Repsol Comercializadora de Gas SA. Por supuesto que habrá que recarcular el impuesto a la renta que corresponde a la Sunat, se supone que deberán haber hecho provisiones, dado que el resultado del arbitraje era una contingencia.

Corresponderá a Perupetro, no solo el cobro, sino una sanción por el hecho y sobre ellos deberá apuntar los reflectores, incluido al Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia de la República, a quienes representan los directores de la agencia estatal. Esperamos la palabra del Premier Pedro Cateriano, a ver si el énfasis del respeto al estado también es reiterado en este caso, equidad de comportamiento es lo único que exigimos.