La exposición pública del demostrado espionaje de un ciudadano chileno, militar por añadidura, a la Marina de Guerra del Perú, a través de efectivos de esta institución que rentaron su felonía; innegablemente se produce en el peor momento político del “humalismo”. Los casos de Martín Belaunde, Juan Carlos Rivera Idrogo e Ilan Heredia; donde hay más que indicios de manejos irregulares en torno a personas cercanas a Nadine Heredia, tenían al gobierno en jaque. Hoy la agenda mediática pasó del señalamiento a la esposa del presidente, a la relación entre Perú y Chile.  

No hay casualidades en política y la denuncia ha hecho que toda la clase política tenga que alinearse en una legítima y necesaria protesta enérgica contra la actitud chilena. Pero es exagerado que Ollanta Humala esté haciendo crisis de gobierno con intervenciones repetitivas y con voceros en el Congreso, que están pidiendo que se revise las relaciones comerciales entre ambos países. No sirve de nada el patrioterismo, queremos que el gobierno sea manejado con responsabilidad y no con exabruptos convenidos.

Pero no solo desde el lado gubernamental existen posturas censurables, sino también del empresarial; desde donde se invoca a al llamado tratamiento de “cuerdas separadas”, que en buen romance significa: hagamos transacciones empresariales y dejemos que los temas de política internacional discurran en otra vía. Tampoco comparto esa visión, creo en el respeto de los acuerdos comerciales bilaterales, pero de allí a pensar que los países se manejan solo por transacciones fenicias hay mucha distancia. Aquí la postura deberá ser de respeto a lo acordado, pero en todo acto futuro sobretodo en el intercambio de recursos estratégicos como el gas o de servicios como el de suministro de electricidad, la opinión de los especialistas civiles y militares, en el manejo de estrategias geopolíticas será indispensable, dejemos de lado la actitud simplona de pensar que solo lo manejen los expertos en regulación, comercio y legislación.

La invocación es a la Cancillería, si bien es cierto que es un derecho que el presidente de la república tenga el manejo de la política exterior, los actos inconvenientes tienen que ser notificados a la opinión pública.