El penúltimo paso de la truculenta historia de la liquidación de Doe Run Perú, se ha dado el viernes pasado, con el nombramiento de la empresa Right Business, como liquidadora. Tema trillado en la crítica acusadora, sostenidamente difundido por la prensa aliada del empresariado que supuestamente está en la línea de lo económicamente correcto. Sin embargo hay una realidad en la antípoda, que ha sido escamoteada sistemáticamente, pues pondría al descubierto que circunspectos y reputados personajes y los grupos empresariales que representan, están en la categoría de falsos valores.

Sostengo que es el penúltimo paso, pues en un proceso concursal de liquidación en marcha, nada está definitivamente consumado hasta el momento en que terceros empiecen a hacerse propietarios de los activos de la liquidada.  Así que aún hay una oportunidad de reversión, a la que indudablemente invocarán a partir de junio, la dirigencia sindical que cándidamente ha creído  que cobrará la próxima quincena, cosa que no ocurrirá. En ese momento la pasividad exhibida en la ciudad de La Oroya, habrá terminado para convertirse en el nuevo hervidero social que tendrá que afrontar la pareja Humala-Heredia, que administra el estado peruano por un quinquenio.

Una buena manera de abordar el complejo caso, en una síntesis amigable con la lectura del ciudadano de hoy, que no puede dedicarle mucho tiempo a cada artículo, es empezando por los hechos más recientes.

Iniciemos por una rápida visión de los liquidadores. La empresa designada, Right Business con su representante Rocío Chávez, en este momento vienen a la memoria de los analistas más agudos, por su participación en la gestión del club de fútbol Universitario de Deportes, donde es materia de críticas encendidas, que no las tomaré en cuenta, pues se podrá argumentar que forman parte del tropicalismo de los cuestionamientos de la prensa deportiva. El punto es que la representante de la empresa, hasta donde ha trascendido, ha sido materia de sanciones por el Indecopi, denuncias con instrucción abierta en el poder judicial y suspensiones en el Colegio de Abogados de Lima, por excesos que habría cometido en la labor de su objeto social.

La pregunta fluye por sí sola: ¿cuál será la garantía de un manejo imparcial y serio en la liquidación en marcha de una empresa que involucra a 3,500 trabajadores y una ciudad de 21,000 habitantes como son Doe Run Perú y La Oroya? La prensa ha soslayado esta realidad, cuando se supone que en un proceso concursal lo que se busca es maximizar el beneficio para los acreedores, donde están incluidos: trabajadores, una empresa relacionada, Doe Run Gran Caimán y las no libre de sospecha de interés de controlar las operaciones: Cormin, propiedad de la multinacional del trader de commodities, Trafigura y la nacional Buenaventura, del poderoso grupo Benavides de la Quintana.

Luego pasemos revista a la negativa del plan de reestructuración planteado por los gestores actuales. El despliegue mediático con el oficialismo como vocero, han usado dos argumentos que podríamos decir que “sonaron a verdad”. Uno, que la cuestionada minera pretendía que en una supuesta frescura suprema, pretendía que el estado se encargase de la remediación de suelos y la otra que nada se podía hacer para la reapertura del Complejo de La Oroya, pues para ello se requería que se votase una ley en el Congreso y como son respetuosos de la independencia de poderes, no querían interferir.

Lo que parece una argumentación impecable no es tal, es más, hay mendacidad insultante a la inteligencia. El Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, liquidador de la empresa por partida doble, una especie de “terminator de los andes”, primero fue el privatizador que firmó la transferencia de Centromin a la actual operadora y ahora el que ordena su cierre, firmó en representación del estado en el año 1997, fecha de la privatización, el compromiso estatal de remediar los suelos que habían sido contaminados por las sucesivas operaciones de Cerro de Pasco Corporation y Centromin Perú, durante 75 años, compromiso no honrado. En segundo lugar la ley que podría salvar a la ciudad de La Oroya de la inanición económica, obra en la mesa directiva del Congreso presidido por el oficialista Daniel Abugattás, desde Marzo pasado, parafraseando al tuiteo de Nadine Heredia: “tan difícil es someterla a debate y votación en el pleno”. Más claro que el agua de manantial andino, los poderes ejecutivo y legislativo, mienten y postergan decisiones ex – profesamente.

Finalmente, por el momento, el tinglado legal. Vía Decreto Supremo, el que hoy afirma que sus acusadores, pretenden “destruir el sistema económico”, ex Ministro del régimen aprista, Pedro Sánchez, emitió el Decreto Supremo DS. 075-2009-EM, que por decir lo menos hizo impracticable la ampliación del PAMA dictada por el Congreso en la ley 29410, en el último semestre del año 2009. Y lo que sí es un caso que nadie niega su ilegalidad, lo constituye la conversión de los compromisos ambientales en pasivos contables, con los cuales el estado conjuntamente con Cormin y Buenaventura, pasaron a tomar el control de la Junta de Acreedores. Inevitablemente ambos casos terminarán laudados tarde o temprano, en el contexto del TLC entre Perú y Estados Unidos, fecha en la que los perpetradores de hoy pensarán estar a buen recaudo, mientras que los ciudadanos del país marca Perú, tendrán que pagar las cuentas onerosas. Esta es una parte del reverso de la moneda que nadie quiere mostrar para ser equitativos, imparciales y objetivos, en el debate para decidir el destino de una ciudad.